Principiaré la lectura con la Palabra de los compañeros que a lo largo del acompañamiento en su lucha, me han resonado constantemente y que fui hilando, el cual titulé “Desplazados de nuestra Tierra” Nos hurtaron los sueños, para sembrar armas y terror, nos despojaron de nuestra Tierra, para borrar nuestro semblante de pueblo, se llevaron nuestro Maíz,  para darnos huevo en polvo, nos arrebataron a nuestros muertos, para sepultar nuestra historia, nuestros ríos fluyeron de tristezas, los animales se exiliaron al abandono, nuestra residencia es heredad de la nada, nos llenaron las manos de olvido. Pero somos Ceiba y nos volvieron a crecer raíces, para entrelazarse con  nuestra Palabra briosa que corre como rió portentoso, caudal de nuestra voz cargada de Dignidad, para que sea escuchada en el cielo, tierra e inframundo de nuestra Patria. Abordar el tema de los desplazados en Chiapas, por una parte es evidenciar la violación estructural de los derechos humanos que el Estado de manera sistemática,[1] comete contra la población más vulnerable y por otra la situación de guerra que sigue siendo foco rojo y que genera  violencia y acciones de contrainsurgencia que a distancia del tiempo se sofistica, en prácticas ya conocidas e implementadas en otros países de nuestra América Latina.[2]

Según los Principios Rectores del desplazamiento interno, asumidos por la ONU, se puede inferir que en el Estado de Chiapas a partir del siglo pasado y lo que va del presente, se identifican tres tipos de desplazamiento forzoso:

Las condiciones estructurales que dieron origen a la guerra en Chiapas, aún están pendientes, aunado a los procesos históricos de abandono y omisión, que han hecho brecha por siglos la marginación y discriminación hacia los pueblos indios de Chiapas y México en general, desde las instituciones de gobierno como política de estado y que se evidenció notablemente con el levantamiento del 94’ y generaron los problemas derivados en desplazamientos forzosos y masivos de población indígena, en un contexto donde el diálogo para la paz con el EZLN está roto por la falta de reconocimiento y cumplimiento pleno de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En tal sentido,  se abre un abanico de violaciones a los derechos humanos, del derecho Internacional Humanitario, en la que se impide el acceso a la jurisdicción del estado, debido que la población desplazada, la mayoría identificada como parte de un pueblo indígena,  no se les garantizó sus derechos humanos fundamentales, además de violaciones a sus derechos indígenas, como son sus derechos colectivos, expresados en sus formas de organización social, sistemas normativos propios y demás derechos como pueblos originarios.[3]  A pesar de tal situación y que en documentos oficiales el gobierno actual del estado de Chiapas reconoce la existencia de más de 500 grupos desplazados por los motivos expuestos con anterioridad, éste no ha implementado acciones, que restituya los derechos de la población desplazadas que tenga por objeto la protección, asistencia y resolución de problemas, y  de mejorar las condiciones de seguridad, bienestar y acceso al desarrollo, en su retorno o su reasentamiento. Por nuestra parte se ha monitoreado la situación de los desplazados internos en Chiapas, específicamente los que sucedieron a partir del levantamiento del 94’ y que se vinculan con la guerra, en consecuencia el trabajo de documentación que el CDHFBC a realizado, nos permite afirmar que en Chiapas existen cerca de  trece mil desplazados[4] a consecuencia del conflicto armado interno, cifra que va en aumento por la negligencia del gobierno estatal y federal,  ya que el contexto de guerra persiste y las razones del conflicto no se atienden con clara voluntada política para alcanzar la paz. En el ámbito legal, el sistema constitucional mexicano, en leyes secundarias e instituciones de gobierno, existen vacíos jurídicos, pues no  reconocen aún la personalidad jurídica a la población desplazada, ni cuenta con política públicas, conforme a Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno asumidos por las Naciones Unidas desde 1998, como marco de referencias para la atención, protección y resolución de problemas de estos grupos de población. Si bien los Principios Rectores fueron elaborados con la lógica de correlación con los tratados internacionales que son vinculatorios al Estado Mexicano, no puede esté argumentar su incumplimiento, por no estar contemplado en leyes federales y/o estatales, debido a que los principios se inspiran en los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos,[5] por lo tanto se infiere que es obligación de las instituciones del Estado cumplir cabalmente con dichos Principios Rectores, tomando en cuenta que las convenciones internacionales se pueden invocar como ley suprema sin contravenir las disposiciones del derecho vigente, en los términos del Artículo 133 de la Constitución Política Federal.